Defensa de Ángel Aguirre presenta 31 pruebas contra acusaciones de la FGR

La defensa legal del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, presentó formalmente ante el Poder Judicial un paquete de 31 pruebas documentales y testimoniales con el objetivo de desestimar las acusaciones interpuestas por la Fiscalía General de la República (FGR). Este movimiento procesal busca controvertir los señalamientos vigentes que mantiene el Ministerio Público Federal contra el exmandatario estatal, argumentando inconsistencias en la carpeta de investigación presentada por la dependencia.

Como parte fundamental de la estrategia jurídica, el equipo de abogados integró las declaraciones del exsecretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, y del excoordinador de Transporte Aéreo de la entidad. Ambos exfuncionarios comparecieron ante la autoridad para ofrecer sus testimonios, los cuales, según la defensa, buscan esclarecer los hechos investigados y deslindar responsabilidades directas sobre las gestiones administrativas que fueron cuestionadas por las autoridades federales en meses recientes.

El cuerpo de pruebas incluye documentación técnica y administrativa que pretende demostrar la legalidad de los procedimientos seguidos durante la administración de Aguirre Rivero. Los abogados señalaron que el objetivo es que el juez de la causa valore estos elementos con el fin de obtener un fallo favorable que permita concluir el proceso judicial sin que se dicten medidas adicionales que afecten la situación jurídica del exgobernador.

La Fiscalía General de la República deberá ahora analizar la pertinencia y el alcance de las 31 pruebas presentadas, las cuales serán sometidas a un proceso de desahogo ante el juzgado correspondiente. Este procedimiento es una etapa estándar dentro de los juicios de esta naturaleza en el sistema penal mexicano, donde las partes exponen sus argumentos y evidencias para que el juzgador determine si existen elementos suficientes para continuar o sobreseer el caso.

La representación legal reiteró que mantendrán la colaboración con las autoridades judiciales para garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia. Se espera que en las próximas semanas las autoridades federales emitan un pronunciamiento sobre la admisión de estos nuevos elementos probatorios en la audiencia intermedia que definirá el rumbo del litigio.