FGR detiene a exgobernador Ángel Aguirre por destrucción de pruebas de Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este viernes la detención de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, tras una investigación que lo vincula directamente con la destrucción y alteración de evidencia técnica fundamental para esclarecer la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Según las autoridades federales, existen elementos probatorios que sugieren la manipulación deliberada de grabaciones de seguridad obtenidas durante la noche de los hechos en Iguala, lo que habría obstaculizado las labores de búsqueda e identificación en etapas tempranas de la indagatoria.

El operativo, ejecutado en cumplimiento de una orden judicial, responde a las líneas de investigación abiertas por la unidad especial de la FGR encargada del caso. Los fiscales a cargo sostienen que la destrucción de estos videos no fue un acto aislado, sino una acción coordinada para encubrir la participación de actores locales en la desaparición de los normalistas, un suceso que marcó un punto de inflexión en la justicia mexicana y que mantiene procesos abiertos contra diversos exfuncionarios de distintos niveles de gobierno.

La defensa legal del exmandatario estatal ha señalado que buscará impugnar los cargos mediante los recursos constitucionales correspondientes, calificando las acusaciones como una interpretación judicial que, a su juicio, carece de sustento técnico suficiente. Por su parte, la FGR ha reiterado que el proceso se mantiene bajo los protocolos de transparencia y legalidad, enfocándose en la reconstrucción de la cadena de mando y la responsabilidad administrativa y penal de quienes pudieron entorpecer el acceso a la verdad durante el sexenio pasado.

Este avance en las investigaciones ocurre en un contexto de presión social constante por parte de los familiares de las víctimas, quienes han exigido durante años el fin de la impunidad para los altos funcionarios involucrados en el caso. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha reforzado la vigilancia en las sedes judiciales donde se desahogará el proceso, garantizando el respeto al debido proceso mientras se deslindan las responsabilidades penales derivadas de estos nuevos hallazgos.