Gobierno federal incumple amparo para rehabilitar secundaria en Tlapa de Comonfort

Padres de familia y docentes de una escuela secundaria en Tlapa de Comonfort, Guerrero, denunciaron este domingo el incumplimiento de una sentencia de amparo que obliga a las autoridades federales a rehabilitar las instalaciones del plantel. A pesar de la resolución judicial emitida meses atrás, los trabajos de infraestructura básica no han iniciado, dejando a los estudiantes en condiciones precarias para el desarrollo de sus actividades académicas.

La comunidad educativa señaló que el deterioro del edificio representa un riesgo constante para los alumnos. Los reportes indican problemas estructurales severos en las aulas y deficiencias en los servicios sanitarios, los cuales han sido documentados ante las instancias correspondientes sin obtener una respuesta efectiva por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) hasta la fecha.

La falta de intervención contraviene lo dictado por el Poder Judicial, que determinó la necesidad urgente de garantizar un entorno digno y seguro para los menores en la región de la Montaña. Los representantes de los padres de familia han manifestado que, ante el silencio de las autoridades, buscarán que se apliquen las medidas de apremio contempladas en la Ley de Amparo para forzar el cumplimiento de la orden judicial.

Por su parte, el equipo de gestión escolar ha enfatizado que la reparación del centro educativo es una demanda histórica de la zona que no puede seguir postergándose. El compromiso de las autoridades, según las propuestas presentadas tras la resolución del amparo, era iniciar un plan de obra integral, sin embargo, el inmueble continúa presentando el mismo estado de abandono que motivó el litigio inicial.

Este caso subraya los retos que enfrentan diversas instituciones educativas en zonas de alta marginación, donde la infraestructura escolar compite con otras necesidades presupuestales. Mientras tanto, los estudiantes y maestros de Tlapa de Comonfort mantienen su exigencia de que el gobierno federal acate la resolución judicial y destine los recursos necesarios para la adecuación del plantel antes del próximo ciclo escolar.