Homologan feminicidio a nivel nacional con penas de hasta 70 años
La Presidenta presentó una iniciativa para unificar el tipo penal de feminicidio, estableciendo sanciones severas y 19 agravantes específicas en todo el país.
La Presidenta de la República firmó esta semana una iniciativa de reforma constitucional destinada a homologar el delito de feminicidio en todo el territorio mexicano. La propuesta busca eliminar las disparidades jurídicas entre las entidades federativas, estableciendo una sanción máxima de hasta 70 años de prisión para quienes resulten responsables de este ilícito.
El documento enviado al Congreso de la Unión detalla la inclusión de 19 agravantes que permiten elevar la pena conforme a las circunstancias del hecho. Entre los elementos considerados para el endurecimiento de las sentencias destacan la relación afectiva entre víctima y agresor, el uso de violencia extrema, la vulnerabilidad de la víctima y la presencia de antecedentes de violencia familiar, factores que deberán ser integrados en los códigos penales estatales de manera obligatoria.
La iniciativa responde a una demanda persistente de colectivos y organizaciones civiles que han señalado la dificultad de procesar estos casos debido a las diferencias en la tipificación local. Con esta medida, el Poder Ejecutivo pretende garantizar que la investigación de las muertes violentas de mujeres se realice bajo un protocolo estandarizado, evitando la impunidad derivada de criterios judiciales divergentes entre los estados.
El equipo de la Presidencia enfatizó que el objetivo central es brindar certeza jurídica a las familias de las víctimas y fortalecer la labor de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República. La reforma también contempla el fortalecimiento de los mecanismos de protección a víctimas indirectas y la especialización de las unidades de investigación encargadas de los delitos por razones de género.
La propuesta ahora deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Una vez avalada por el Legislativo, la reforma requerirá el respaldo de la mayoría de los congresos estatales para su promulgación definitiva y entrada en vigor en toda la República Mexicana.
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