Interpol retira fichas rojas a Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) retiró recientemente las fichas rojas que pesaban contra la conductora Inés Gómez Mont y el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga. Esta medida internacional, que permite la localización y detención preventiva con fines de extradición, fue cancelada por el organismo, lo que ha generado una respuesta inmediata por parte de las autoridades mexicanas encargadas de la procuración de justicia.

Fuentes gubernamentales confirmaron que el Gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), ha iniciado los trámites necesarios para solicitar la restitución de dichas notificaciones. La dependencia federal mantiene vigente la investigación contra la pareja por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, cargos que motivaron originalmente la emisión de las fichas rojas.

La decisión de la Interpol, que se basa en sus propios protocolos internos de revisión de expedientes, ha sido recibida con extrañeza por parte de las autoridades ministeriales mexicanas. Desde la FGR se ha señalado que se aportarán los elementos jurídicos adicionales necesarios para demostrar que las órdenes de aprehensión dictadas por los jueces locales siguen siendo válidas y ejecutables a nivel internacional.

El caso contra Gómez Mont y Álvarez Puga se mantiene como uno de los expedientes de alto perfil en la actual administración. Mientras los abogados de los señalados han buscado en diversos momentos impugnar las acusaciones, la Fiscalía sostiene que la carpeta de investigación cuenta con los sustentos legales suficientes para mantener la búsqueda activa en más de 190 países miembros de la organización.

Se espera que en las próximas semanas las autoridades mexicanas sostengan reuniones con los representantes de Interpol para clarificar los motivos técnicos detrás de la baja de las fichas. Por lo pronto, la FGR ha reiterado que el proceso de búsqueda y localización continúa siendo una prioridad para las instituciones de seguridad nacional, garantizando que no se dejará de insistir ante los organismos internacionales para asegurar la comparecencia de los investigados ante los tribunales mexicanos.