La política criminal mexicana enfrenta el reto de la prevención social

A la fecha de agosto de 2026, la administración pública federal y los gobiernos estatales mantienen como asignatura pendiente la consolidación de una política criminal que priorice la prevención sobre la reacción. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con las autoridades municipales, enfrenta la necesidad de integrar a las familias, las escuelas y los centros de trabajo en un modelo de identificación temprana de factores de riesgo que detonan la violencia en las entidades federativas.

Especialistas en seguridad pública señalan que la efectividad de la Guardia Nacional y las fiscalías locales depende directamente de la capacidad institucional para intervenir en el entorno comunitario antes de que ocurra el delito. La propuesta de fortalecer el tejido social implica que las secretarías de Estado, particularmente la SEP y la Secretaría de Salud, colaboren en la creación de entornos seguros que disuadan la incursión de jóvenes en actividades ilícitas mediante programas de largo alcance.

La estrategia actual busca transitar de una visión meramente operativa a una de carácter multidimensional, donde la inteligencia social sea el eje rector. Según lo planteado por diversas dependencias, la meta es que los presidentes municipales asuman un rol más activo en la detección de vulnerabilidades en colonias de alta incidencia, aprovechando los datos generados por el INEGI y otros organismos de medición social para dirigir los presupuestos públicos de manera eficiente.

Sin embargo, la implementación de estas intervenciones preventivas aún enfrenta obstáculos presupuestales y de coordinación interinstitucional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe asegurar que los recursos destinados a la seguridad pública alcancen también a los programas de prevención primaria, evitando que la política criminal se limite únicamente al despliegue de elementos de seguridad en las calles.

La construcción de una paz duradera requiere que el Estado mexicano garantice condiciones de bienestar en los núcleos escolares y comunitarios más desprotegidos. La apuesta de las autoridades para el cierre del sexenio es consolidar una política de Estado que no dependa de cambios de administración, sino que se convierta en una práctica permanente para reducir las causas estructurales que alimentan la inseguridad en el país.