Madres denuncian cobros extraordinarios en inscripciones de nivel medio superior en Chetumal

Madres de familia en la capital de Quintana Roo denunciaron esta semana la implementación de cobros extraordinarios y obligatorios durante el actual proceso de inscripción para el ciclo escolar en diversas instituciones de nivel medio superior. Según los testimonios recabados en Chetumal, los montos solicitados exceden las cuotas voluntarias permitidas, generando una carga económica inesperada para la economía de los hogares al inicio del periodo administrativo escolar.

Las denunciantes señalaron que en algunos planteles se condiciona la entrega de los documentos de inscripción al pago de conceptos que no han sido debidamente justificados ante el comité de padres de familia ni ante las autoridades de la Secretaría de Educación de Quintana Roo. Esta situación ha generado incertidumbre entre los tutores, quienes temen que la falta de pago pueda afectar el ingreso de los estudiantes a las aulas el próximo ciclo lectivo.

Ante este panorama, un grupo de padres de familia ha solicitado formalmente una revisión por parte de las autoridades educativas estatales para transparentar los conceptos de cobro y asegurar que las instituciones cumplan con la normativa vigente. Argumentan que el acceso a la educación media superior debe mantenerse gratuito y sin condicionamientos económicos que vulneren el derecho de los jóvenes a continuar con su formación académica.

Por su parte, el equipo administrativo de las instituciones señaladas ha manifestado que los recursos solicitados tienen como propósito cubrir necesidades de mantenimiento menor y operatividad básica de las instalaciones. No obstante, las madres de familia insisten en que cualquier requerimiento financiero debe ser acordado en asambleas generales y ajustarse a la capacidad económica de las familias, evitando prácticas que se perciban como recaudatorias.

La situación permanece bajo observación mientras se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Secretaría de Educación pública local. Las familias afectadas han hecho un llamado a las instancias correspondientes para que se realicen auditorías que permitan esclarecer el destino de los recursos y garantizar que el proceso de inscripción se lleve a cabo bajo los principios de legalidad y gratuidad que marca la ley.