Ocho de cada diez banquetas en CDMX presentan daños o exclusión
Un estudio revela que el 80% de las aceras capitalinas son intransitables, limitando severamente la movilidad de adultos mayores y personas con discapacidad.

La infraestructura peatonal en la Ciudad de México atraviesa una crisis de accesibilidad que afecta a la mayoría de sus habitantes. De acuerdo con datos recientes, el 80% de las banquetas en la capital se encuentra en mal estado o presenta condiciones que las hacen excluyentes para el tránsito seguro. Esta problemática se agudiza al considerar que, del pequeño porcentaje de aceras en buenas condiciones, solo el 3% cumple con las normas técnicas necesarias para ser consideradas aptas para adultos mayores y personas con movilidad limitada.
La falta de mantenimiento, la presencia de obstáculos fijos, el desnivel constante y la invasión del espacio público por parte de comercios y mobiliario urbano han transformado las calles en barreras físicas. Este entorno urbano, lejos de ser inclusivo, obliga a los transeúntes a descender al arroyo vehicular para continuar su trayecto, exponiéndose a riesgos viales innecesarios. Especialistas en urbanismo señalan que la carencia de rampas adecuadas y superficies podotáctiles constituye una violación sistemática al derecho de libre tránsito en la metrópoli.
Ante este panorama, diversas organizaciones civiles han urgido a las autoridades locales a implementar un plan integral de rehabilitación de banquetas. La propuesta central consiste en estandarizar la infraestructura bajo criterios de diseño universal, priorizando las zonas con alta afluencia de personas adultas mayores y centros de transferencia modal. Se busca que la planeación urbana deje de enfocarse exclusivamente en el automóvil y comience a priorizar al peatón como el eje principal de la movilidad capitalina.
El desafío para la administración capitalina radica en la gestión de recursos públicos para la intervención de miles de kilómetros de aceras que no han recibido mantenimiento preventivo en años. Mientras tanto, los ciudadanos continúan sorteando obstáculos cotidianos que limitan su autonomía. La presión social crece para que los proyectos de obra pública incorporen indicadores de accesibilidad verificables y garantizados por los lineamientos urbanos vigentes.
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