Registran 43 homicidios de actores políticos y sociales en Oaxaca desde 2022

En los cuatro años transcurridos de la administración del gobernador Salomón Jara Cruz en Oaxaca, se ha documentado un escenario de violencia que ha afectado a diversos actores políticos y sociales. Según cifras oficiales consultadas a julio de 2026, el periodo se ha visto marcado por el asesinato de cinco presidentes municipales en funciones, sumado a la pérdida de ocho exalcaldes que fueron ultimados tras concluir sus gestiones en distintos puntos de la entidad.

La problemática no se limita al ámbito municipal, pues el registro estadístico también advierte sobre afectaciones severas a otros sectores de la vida pública estatal. De acuerdo con los datos, se contabilizan nueve líderes sindicales y 21 activistas o representantes de comunidades indígenas que han perdido la vida en hechos violentos durante el presente sexenio estatal. Estos incidentes han generado preocupación en diversas organizaciones de la sociedad civil sobre las condiciones de seguridad en las regiones de la entidad.

Ante este contexto, el gobierno del estado ha reiterado la necesidad de fortalecer la coordinación con las autoridades federales, incluyendo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional, para implementar estrategias de prevención en las zonas de mayor riesgo. Las autoridades locales han planteado la posibilidad de ampliar los protocolos de vigilancia en los municipios con antecedentes de conflictos sociales o políticos, buscando reducir los índices de incidencia delictiva que afectan a los servidores públicos y representantes sociales.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca mantiene diversas investigaciones abiertas para esclarecer los móviles detrás de estos actos violentos y lograr la detención de los responsables. El equipo de comunicación del gobierno estatal ha señalado que se trabaja en mesas de diálogo para atender las demandas de paz y seguridad en las regiones más vulnerables, subrayando que la atención a las causas estructurales de la violencia sigue siendo una prioridad dentro de sus propuestas de política pública para los años restantes de la gestión.