Sheinbaum propone eliminar doble nacionalidad para ocupar presidencia y gubernaturas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió formalmente al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que busca establecer como requisito indispensable para ocupar la presidencia de la República y las gubernaturas de los estados, el contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana por nacimiento, renunciando a cualquier otra ciudadanía extranjera.

El documento, presentado esta semana, argumenta que la medida es necesaria para salvaguardar la soberanía nacional y evitar posibles injerencias de gobiernos o intereses externos en la toma de decisiones estratégicas del país. De acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo, esta disposición busca fortalecer la lealtad de los servidores públicos de alto nivel hacia el Estado mexicano, evitando conflictos de intereses derivados de vínculos legales con otras naciones.

La propuesta contempla modificaciones a los artículos correspondientes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, extendiendo este requisito también para otros cargos clave dentro de la administración pública federal. El equipo de la presidencia ha señalado que este ajuste normativo pretende actualizar el marco legal frente a los desafíos geopolíticos actuales, garantizando que quienes dirijan el rumbo del país tengan una vinculación jurídica única con México.

La iniciativa ha sido turnada a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados y el Senado de la República para su análisis y eventual discusión. Se espera que durante las próximas semanas el debate legislativo se centre en los alcances de esta restricción y su impacto en la normativa electoral vigente, buscando definir los plazos y mecanismos para que los interesados cumplan con dicha renuncia antes de registrar sus candidaturas.

Este movimiento legislativo se alinea con la postura de la actual administración sobre la protección de la autonomía nacional en los puestos de toma de decisiones. Legisladores de diversas bancadas deberán ahora evaluar los términos de la reforma, considerando tanto las implicaciones diplomáticas como las garantías constitucionales de los ciudadanos que actualmente poseen una doble nacionalidad y aspiran a cargos de elección popular.