Tribunal ordena crear comisión imparcial para abrir archivos de la Guerra Sucia

Un Tribunal Colegiado emitió una resolución que ordena la conformación de una comisión imparcial encargada de gestionar y supervisar la apertura total de los archivos militares relacionados con la denominada Guerra Sucia en México. La decisión judicial busca superar los obstáculos administrativos que históricamente han limitado el acceso a documentos sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las décadas de los setenta y ochenta. Esta instancia deberá garantizar que la entrega de información por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional sea completa, transparente y sin restricciones bajo criterios de seguridad nacional.

La resolución destaca la necesidad de que esta comisión esté integrada por especialistas independientes y representantes de los colectivos de víctimas, quienes han insistido durante años en la importancia de esclarecer los hechos ocurridos en ese periodo. El mandato judicial establece que el Estado mexicano debe cumplir con estándares internacionales de verdad y justicia, asegurando que la información resguardada en los archivos de la dependencia sea consultable para fines de investigación histórica y procesos de memoria colectiva.

Desde la perspectiva de los organismos defensores de derechos humanos, esta orden representa un paso significativo para romper con el hermetismo que ha caracterizado a los archivos castrenses. Los representantes de las familias de las víctimas han señalado que la creación de este organismo autónomo es fundamental para evitar la opacidad y asegurar que no se oculten testimonios o pruebas documentales que permitan identificar responsabilidades en los abusos cometidos por agentes del Estado.

Por su parte, las autoridades deberán establecer los protocolos necesarios para la desclasificación de los documentos, bajo la supervisión de la nueva comisión. Este proceso implica una revisión exhaustiva de los expedientes que se encuentran en posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el fin de garantizar que el derecho a la verdad prevalezca sobre cualquier reserva previa. Se espera que en los próximos días se definan los mecanismos de colaboración entre las instituciones gubernamentales y los integrantes de la comisión para dar cumplimiento cabal a la sentencia del Tribunal Colegiado.