Verónica Ruffo cuestiona versión de la FGR sobre bloqueo de cuentas bancarias

La ciudadana Verónica Ruffo difundió este viernes un material sonoro que pone en duda la versión oficial de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto al bloqueo de sus activos financieros. En la grabación, presuntamente obtenida tras una comunicación directa con personal de BanBajío, se confirma la cancelación de sus cuentas bancarias, contradiciendo las declaraciones previas de las autoridades federales, quienes habían negado haber solicitado una restricción de este tipo.

El conflicto surge a raíz de las investigaciones que la FGR mantiene abiertas y sobre las cuales Ruffo ha expresado su inconformidad en días recientes. Según la versión de la fiscalía, no existiría una orden vigente para el congelamiento de los recursos financieros de la involucrada; sin embargo, el audio presentado sugiere que la institución bancaria actuó bajo una instrucción específica que derivó en la suspensión de los servicios financieros para la afectada.

Representantes legales de la parte afectada señalaron que el material sonoro será entregado a las autoridades correspondientes como parte de las pruebas para esclarecer posibles irregularidades en el proceso. La defensa busca determinar si la institución bancaria fue notificada de manera formal por la FGR o si existió una confusión administrativa que derivó en la afectación directa del patrimonio de la ciudadana.

Por su parte, la Fiscalía General de la República no ha emitido un posicionamiento oficial tras la filtración del audio este viernes. Se espera que en los próximos días la dependencia aclare si existe una confusión en los registros internos o si, en efecto, se giró una instrucción que no fue reconocida públicamente por la oficina del fiscal general.

Este caso ha generado un debate sobre los protocolos de colaboración entre el sistema financiero mexicano y las autoridades judiciales. Organizaciones civiles han solicitado mayor transparencia en los procedimientos de bloqueo de cuentas, advirtiendo que la falta de claridad en estos procesos puede derivar en afectaciones graves a los derechos de los ciudadanos ante la posible actuación discrecional de las dependencias federales.